Un equipo élite de investigación canónica, coordinado directamente desde el Vaticano, tiene abierto un expediente con alcances en territorio colombiano.
Desde la casa matriz de la Iglesia católica se ordenó investigar el proceder de una congregación religiosa que, entre otras cosas, profesaba el sexo libre entre monjas y sacerdotes bajo el precepto de que la sexualidad es el reflejo carnal del amor.
Se trata del Seminario Pueblo de Dios, grupo español que tenía una sede en Valledupar, Cesar, y que fue disuelto en el 2017, luego de que la diócesis de Vic (España) comenzara a recibir quejas por las orgías que supuestamente realizaban.
Por tratarse de sexo consentido, no se configura un delito penal, pero –según el arzobispado de Barcelona– sí se trataría de conductas contra los estándares de la fe católica que pueden juzgarse bajo la óptica del derecho canónico.
El expediente, que involucra a 17 religiosos que habrían violado el celibato y realizado prácticas esotéricas prohibidas por la doctrina católica, terminó impactando a Colombia, a donde algunos de sus miembros llegaron en 1990.
De hecho, EL TIEMPO estableció que, después de que estallara el escándalo, dos de ellos permanecen en Colombia en calidad de sacerdotes incardinados (trasladados) en la diócesis de Valledupar y que tienen a su cargo parroquias de esta ciudad.
Se trata del español Ángel Millán de la Torre y del colombiano Yony Trillos. Según registros eclesiales revisados por reporteros de este diario, el primero tiene a su cargo la parroquia San Pedro Apóstol y el segundo, la de María Auxiliadora.
‘Acá no pasó nada’
Los dos les han hecho saber a sus superiores que ellos nunca realizaron las prácticas de sexo libre entre los miembros de su congregación, como aparentemente sí pasó en las sedes europeas. De hecho, ratificaron que nunca tuvieron monjas en Colombia y que los laicos que ayudaron en su operación durante 17 años fueron respetados en sus creencias y sexualidad.
Así se lo confirmó a EL TIEMPO el canciller de la diócesis de Valledupar, sacerdote Carlos Imbrecht, quien advirtió que en su órbita hay 80 sacerdotes y, debido al tamaño de la capital cesarense, todos se conocen y las parroquias son equidistantes.
“Los hechos por los que se les investiga no se dieron en Valledupar. Nuestros fieles son formados y nos hubiesen comunicado de inmediato si se hubiera registrado una doctrina ajena a la nuestra. Tenemos la certeza de que jamás se dio una cosa de esas”, precisó este canciller eclesial.
Y si bien aseguró que los dos sacerdotes de dicha orden que aún quedan en el país y que ofician servicios religiosos no tienen proceso o juicio individual en su contra, desde España se confirmó que eso no implica que todos los que hayan servido al Seminario Pueblo de Dios en Colombia no puedan ser objeto de una pesquisa eclesial.
La Conferencia Episcopal Tarraconense, a la cual está adscrita la diócesis de Vic, aseguró que “algunos miembros de esta extinta asociación están siendo investigados, en cuanto a sus opiniones doctrinales y su aplicación a la vida cristiana”. Además, trascendió que dentro de la investigación se elevaron algunas consultas con el poder eclesial de Valledupar.
No obstante, el canciller de esta diócesis le aseguró a EL TIEMPO que desde España “aún no han pedido ningún tipo de información y que no hay ningún tipo de correspondencia hacia o desde España”.
En todo caso, en Valledupar, están a la espera de lo que decidan el tribunal de Vic y el propio Vaticano, que ordenó medidas cautelares sobre el Seminario Pueblo de Dios, pues ya se determinó que si las investigaciones llevan a concluir que –más allá de violar el voto del celibato– incurrieron en alguna conducta penal, esta será reportada de inmediato a la autoridad civil y judicial de cada país.
Cuando se cerró la congregación, se advirtió que sus prácticas son “una tergiversación de la afectividad hombre-mujer entre los fieles cristianos, marcada por la confusión entre pecado y concupiscencia”.
Pero –con el proceso canónico andando y pendiente de decisión– las diócesis de Colombia y España involucradas en el caso coinciden en un precepto: a todos los procesados, incluidos los dos sacerdotes asentados aún en Valledupar, se les debe respetar la presunción de inocencia.
Fuente: El Tiempo