Recursos, más personal y una nueva sede son las peticiones que a grandes rasgos hacen los magistrados del Tribunal Superior de Bolívar, como medidas puntuales para superar los problemas de la Rama Judicial en Bolívar.
El director de la administración judicial de Cartagena, Hernando Sierra Porto, fue el primero en señalar que el presupuesto aproximado para construir un Palacio de Justicia, para infraestructura tecnológica y física, oscila entre los 30 o 40 mil millones de pesos, pero advirtió que estos recursos deben ser asignados para Bolívar.
Uno de los asistentes, el senador Fernando Araújo, del Centro Democrático, expresó que las solicitudes que hace la Rama Judicial no son exageradas y pidió conocer cuáles son los factores de calidad del trabajo de la Rama, en especial de los jueces y magistrados laborales.
“Nos hemos comprometido en enviar una carta al Ministerio de Justicia con la firma de los representantes asistentes, Silvio Carrasquilla y Yamil Arana, para solicitar una reunión con el fin de afianzar más el tema de descongestión de procesos por sala en Bolívar, así como también nos hemos comprometido a exponer esta situación en la Comisión Tercera del Senado”, expresó Araújo.
Y es que, según la presidenta de la Sala Laboral, la magistrada Margarita Márquez, existe una gran congestión de procesos por magistrados. Son unos 500 procesos por cada magistrado, por lo cual es imposible de generar eficacia.
“El objetivo de nuestra reunión es buscar apoyo en las instituciones que les corresponde colaborarnos, pero es necesario que conozcan de primera mano cómo estamos cumpliendo la misión, rendir cuentas de nuestra producción, que conozcan la gran conflictividad que existe en el departamento de Bolívar, que sepan que la oferta de demanda ha superado nuestra capacidad de respuesta”, explicó Margarita Márquez.
La magistrada habló de que “la congestión judicial existente hace imposible garantizar al ciudadano el derecho a acceder a la administración de justicia y que sus problemas jurídicos sean resueltos en forma pronta”.
Márquez advirtió que “frente a las circunstancias expresadas nos declaramos en emergencia y en imposibilidad de evacuar en los términos procesales las reclamaciones que hacen los trabajadores”.
El representante a la Cámara por Bolívar, Silvio Carrasquilla, apuntó que “es un proceso lento, pero con el compromiso de que todos los congresistas de Bolívar estaremos al frente de buscar la aprobación del presupuesto para la justicia en Bolívar, podremos salir adelante”.
El representante Yamil Arana propuso hacer un debate de control político tanto en Cámara como en Senado al Consejo Superior de la Judicatura, “pero primero hacer una citación de los magistrados en Cartagena para exponer cómo llegó al problema de la congestión del área laboral de Bolívar”. Arana solicitó que se tasara el valor presupuestal para resolver esa demanda de la justicia en Bolívar.
FUENTE EL UNIVERSAL