Por presuntas inconsistencias en la ejecución de convenios, la Contraloría General de la República inició una investigación preliminar contra la Alcaldía de Cartagena y la Empresa de Desarrollo Urbano (Edurbe).
Se conoció que las irregularidades fueron encontradas en los convenios 09 y 010 de 2018 por medio de los cuales se realizó la adecuación del hogar múltiple de Flor del Campo.
Por tanto, en un principio fueron investigados por la Contraloría Distrital a partir de auditoría regular, pero por tratarse de recursos del Sistema General de Participaciones, de carácter nacional, fue trasladado a la Contraloría General.
Estos convenios se firmaron en el 2018 por parte de la entonces alcaldesa encargada de Cartagena, Yolanda Wong Baldiris, y Bernardo Pardo, representante legal de Edurbe.
Las irregularidades
Entre las presuntas irregularidades encontraron que no se evidenció la entrega de 3 mil refrigerios por $70 millones 503 mil 329; ni 1.500 almuerzos de $17 mil 625 pesos, para un total de $105 millones 754 mil 994; ni el alquiler de 3 salones por $59 millones 346 mil 177, puesto que se evidenció préstamo de aulas de instituciones educativas oficiales del Distrito de Cartagena.
No obstante, otras de las presuntas irregularidades que se investigan son las diferencias de precios de mercado en artículos de dotación, tales como: un caldero de 25 litros, que tiene un precio de $100 mil y aparece en el contrato con un valor de $116 mil; la espumadera industrial que tiene un valor en el mercado de $8 mil 500 y en el contrato tiene un valor de $83 mil 300, un ventilador de pared que normalmente cuesta $130 mil, en el contrato cuesta $230 mil 724; el set punto ecológico de tres papeleras normalmente cuesta $250 mil, y en el contrato aparece costando $414 mil 120; un balde plástico industrial con escurridor que en el mercado cuesta $135 mil, aparece costando $279 mil 650.
Según el informe de la auditoría realizada, estos gastos se realizaron sin que la Secretaría General de la Alcaldía Distrital de Cartagena, que formuló los precios, ni la empresa contratista aportaran a la auditoría evidencia del estudio de precios, ni registro de compras.