Concejo y ciudadanos cuestionan proyecto de corredor portuario que contempla la Quinta Avenida de Manga

El Concejo de Cartagena realizó este miércoles un debate de control político sobre la Alianza Público Privada del Corredor Portuario y Turístico que incluye la Quinta Avenida de Manga, para esto se contó con la presencia del Secretario de Planeación, Iván Castro; Secretario de Hacienda, William Valderrama; Director de Presupuesto, Gustavo Martínez; Secretaria General, Martha Seidel y el representante legal de la empresa KMA.

Señala el Observatorio del Concejo de Funcicar que al iniciarse el orden del día, se dio lectura a las excusas enviadas por la Procuraduría y la Oficina Jurídica por su inasistencia al debate.

En primer lugar, los representantes de la empresa originadora del proyecto, Menzel Amín y Marcela Castro, presentaron un vídeo en el que se informa que para el Corredor Portuario y Turístico hay una inversión estimada de $1.9 billones que contempla el mejoramiento integral del actual corredor de carga y la construcción de una nueva infraestructura vial para una intervención de 34 kilómetros de vía.

Más adelante, Marcela Castro dio a conocer que los estudios de prefactibilidad de esta iniciativa privada fueron presentados el 9 de agosto de 2017, se dio la aprobación por parte del Distrito en estado de prefactibilidad el 7 de noviembre de 2017; en febrero de 2019 se entregaron los estudios de factibilidad y el 5 de septiembre de 2019 se viabilizó el proyecto.

Luego, Menzel Amín se refirió a los peajes e indicó que serán de control y solo habrá pago en un solo sentido; los nuevos peajes que se instalarán serán ubicados dentro de la zona franca La Candelaria y el antiguo peaje Vikingos.

Sobre este último peaje expresó que se hizo un análisis jurídico, teniendo en cuenta que este peaje se cerró debido a una acción judicial, sin embargo, aseguró que dicha acción no estipula el desmonte del peaje, sino la construcción de un retorno para evitar pagos dobles. Otros puntos mencionados por Menzel y Castro fueron:

  • El Distrito no asumirá ningún riesgo contingente pues estos le corresponden en un 100% al privado, por lo que el riesgo predial lo asumiría la empresa ejecutora.
  • Todos los predios serán adquiridos a través de una oferta formal de compra durante el proceso de preconstrucción, también mediante enajenaciones voluntarias o expropiaciones judiciales.
  • La situación de los peajes deberá seguirse informando y socializando con la ciudadanía.
  • Luego de finalizarse la concesión vial actual se dará la rehabilitación de la totalidad del corredor de carga.
  • Para que el Distrito aprobara la etapa de prefactibilidad se solicitó a KMA la inclusión de la Quinta Avenida de Manga en el proyecto, pues no estaba contemplada; en ese sentido, KMA recibió por parte de Edurbe y el Distrito todos los diseños de la Quinta Avenida, sin embargo, estos fueron modificados.
  • A solicitud de la comunidad y la Alcaldía también se anexó al proyecto la intervención al puente Las Palmas en Manga. Además, en la iniciativa está contemplado el diseño definitivo de la conexión entre Bocagrande y Manga.
  • Con respecto a la imposibilidad de presentar una iniciativa privada sobre la concesión vial en curso, se aclaró que lo que impide la ley es presentar iniciativas privadas que modifiquen concesiones existentes, y no es el caso actual.
  • Ante la posibilidad de que la concesión vial no finalice antes del 2022 y no puedan utilizarse las vías concesionadas, se prevén los siguientes escenarios:
  • Si se entrega la concesión antes del 31 de diciembre de 2021 la infraestructura recibida hará parte de una de las Unidades Funcionales de la APP.
  • Si se entrega la concesión en el 2022 se daría un periodo de gracia y se ampliaría la etapa de construcción.
  • Si la entrega es posterior al 2022 esto sería una causal de terminación del contrato, por lo que hay una cláusula que regula el reconocimiento de las inversiones realizadas sin que se den pagos por parte del Distrito, ya que la APP es privada y sin recursos públicos.

El Secretario de Planeación, Iván Castro, dio a conocer que en el Registro Único de APP se han inscrito 17 proyectos de APP que se encuentran en diversas etapas y abarcan temas como teleférico de Cartagena, modernización del alumbrado público, parqueo inteligente, ampliación de Ruta 90, modernización del DATT, entre otros.

A continuación, Martha Seidel reiteró que el Distrito no aporta recursos en este proyecto y explicó que se realizó un proceso de selección objetiva para contratar a la firma encargada de analizar la factibilidad de la iniciativa.

Sobre lo anterior, la concejal Duvinia Torres (La U) pidió claridad pues considera evidente que esta APP sí utiliza recursos públicos, ya que el Distrito aporta predios y la ciudadanía pagará un peaje con el que se financiarán las obras.

Luego, Seidel continuó su intervención y expresó que el alcalde no ha presentado ninguna APP, pero mediante Acuerdo 016 de 2018 el Concejo le concedió facultades para estos fines. Además, informó que en la actualidad la iniciativa está en etapa de manifestación de intereses y la adjudicación será el 22 de noviembre.

De acuerdo con la funcionaria, este proyecto ha tenido varias socializaciones y la última fue el 9 de agosto, la cual fue citada a través de una publicación en el periódico El Universal. Al respecto, el concejal citante Carlos Barrios (Cambio Radical) pidió copia de las actas de dicha audiencia, toda vez que la ciudadanía asegura no conocer el proyecto.

Seguidamente, el Secretario de Hacienda, William Valderrama, expresó la Secretaría de Hacienda no tiene respuestas concretas al cuestionario enviado por el Concejo, motivo por el que se dio traslado a la Secretaría General.

El concejal Barrios llamó la atención por el desconocimiento de la Secretaría de Hacienda puesto que, conforme con la matriz de riesgos de la APP, hay insuficiencia de recursos para el pago de la interventoría y esto debería ser de conocimiento de esta dependencia.

Más adelante, se declaró sesión informal para escuchar a los siguientes ciudadanos:

Julio Romero manifestó que esta APP esta diseñada para favorecer al sector empresarial y facilitar el tránsito de vehículos pesados; además expresó que los peajes son necesarios para el corredor portuario, pero no para la 5° Avenida. Romero solicitó que se den a conocer los diseños para el puente Las Palmas y reiteró que sí hay recursos públicos en esta APP.

  • Gonzalo Jácome señaló que debe hacerse una socialización con todos los barrios que se verán afectados por las obras de esta APP, puesto que una publicación en la prensa no es suficiente para un proyecto de alto impacto. También presentó inquietudes sobre la afectación predial, posibles sobrecostos, etc.
  • Laureano Mora pidió que se aclare la situación de los peajes y que se explique el beneficio real que ha traído a los ciudadanos, pues muchas comunidades están pagando pese a que el corredor de carga se había planteado como una vía opcional y no de paso obligatorio.
  • Fidian García señaló que no ha habido suficiente socialización y considera que los cartageneros son los que deben decidir si están o no de acuerdo con los peajes, especialmente si la continuidad de la actual concesión aún no está definida.

Luego, el concejal citante Carlos Barrios (Cambio Radical) argumentó sus inquietudes sobre la legalidad y conveniencia de la APP; algunos de los puntos mencionados fueron:

  • La Corporación solicitará control preventivo a la Procuraduría para que se dé la suspensión del contrato de APP.
  • El Art. 111 del Acuerdo 016 de 2018 rompe con el principio de unidad de materia pues el contenido del mismo es de ejecución presupuestal de 2019.
  • Aunque no quedó estipulado en el articulado, las facultades que otorgó el Concejo al alcalde quedaron tácitamente vencidas en junio de 2019 luego de 6 meses, como lo estipula la ley.
  • Una vez vencidas las facultades del alcalde, estas nuevamente corresponden al Concejo por lo que la APP debería ser motivo de estudio en la Corporación por considerarse una concesión.
  • El alcalde podría tener un impedimento moral para tramitar esta iniciativa puesto que, de acuerdo a actas de 2019, uno de sus hermanos invadió una de las zonas que serán impactadas por la 5° Avenida.
  • En el proyecto de 5° Avenida propuesto en 2016 se previó que Edurbe aportaría predios con altos avalúos, sin embargo, por sentencia de la Corte, estos predios pasaron a ser del Distrito y de entregarse a la APP podría entenderse que hay recursos públicos, motivo por el que necesariamente tendría que presentarse un proyecto de acuerdo al Concejo.
  • La Ley de Sitio contempla la priorización de la 5° Avenida, lo que posibilita la gestión de recursos ante el ente nacional para desarrollo del proyecto.
  • No se evidencia participación de Cardique y EPA en el proceso de APP pese al impacto ambiental del proyecto.
  • Con la reinstalación del peaje Vikingos podría presentarse un desacato puesto que se falló una acción popular para desinstalarlo en años anteriores.

Por otro lado, el concejal Javier Curi (Liberal) destacó que una de las conclusiones de este debate es el rechazo de la ciudadanía hacía la continuación de la financiación de obras por medio de peajes. Además, dio a conocer que en abril de 2017 la Alcaldía firmó un convenio por $500 millones con Edurbe para actualizar los diseños de la 5° Avenida, y luego Edurbe subcontrata a la empresa Esteyco, quien entrega los diseños en diciembre de 2017.

Sin embargo, llamó la atención por quiénes serían los poseedores de lo entregado por Esteyco, toda vez que en la página web de la empresa se establece que el cliente es la Sociedad Portuaria y no Edurbe.

Por preguntas de los concejales Óscar Marín (Conservador) y Erich Piña(Liberal) sobre la viabilidad ambiental del proyecto, la representante de KMA, Marcela Castro, explicó que en la etapa de preconstrucción se requiere contar con todos los permisos y licencias necesarios.

En ese sentido, el concejal Piña indicó que en los diseños de 5° Avenida resultado del convenio al que se refirió el concejal Curi, se estipula que dentro del alcance del convenio no se tiene la realización de estudios ambientales y análisis de redes.

Ante esto, Marcela Castro expresó que una de las obligaciones del contrato de APP es el levantamiento de inventario de redes. Igualmente, Menzel Amín señaló que Edurbe les entregó la actualización de los estudios de Esteyco y otros estudios de 2001, algunos de los cuales ya cuentan con licencias, no obstante, en la etapa preoperativa se gestionarán las licencias requeridas.

Por lo anterior, el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) se refirió al Art. 14 de la Ley 1508 puesto que se establece que en la etapa de factibilidad, que ya se finalizó, el proyecto de APP debería contar con estudios de impacto ambiental.

El cabildante resaltó que entonces el proyecto sí tiene recursos públicos ya que se tomaron los estudios elaborados por Edurbe; en ese sentido, solicitó que el acta de la sesión se envíe a la Vicepresidencia.

Finalmente, el Secretario de Hacienda y la Secretaria General se comprometieron a que se enviará al Concejo la respuesta formal a todas las inquietudes planteadas durante la sesión.

Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el jueves 17 de octubre de 2019; a las 8:30 a.m., en las instalaciones del Concejo Distrital.

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