El Concejo de Cartagena instaló hoy su primer periodo de sesiones ordinarias de la vigencia 2022. El protocolo indica que el alcalde de Cartagena William Dau, sea quien inaugure con una alocución, pero este acto le fue delegado a la secretaria de Hacienda, Diana Villalba Vallejo.
Luego de la intervención de la funcionaria sobre los desafíos gubernamentales por venir y el discurso conciliador del presidente (e) del Concejo, Óscar Marín, ante las alteraciones en la ciudad, el secretario general del Concejo, Julio Morelos Nassi, indicó que representantes del mototaxismo solicitaron un espacio en la plenaria para dar sus precisiones frente al decreto que controla su actividad.
Arévalo, uno de los líderes del Comité Antidecreto, expresó que: “Las problemáticas que están sucediendo en Cartagena no son de orden público, sino problemáticas sociales de muchos que vemos en el mototaxismo nuestra actividad económica. Es importante este espacio que hace el Concejo de Cartagena, porque es una forma de reconocer nuestra dignidad, que no es más que reconocernos como seres humanos, algo que no ha hecho la Alcaldía de Cartagena”.
Y añadió: “El Distrito, sin ningún tipo de estudios ni bases científicas, produce unas medidas, eventualmente legales, de corte ilegítimo. Ese decreto que restringe al mototaxismo es ilegítimo porque no cuenta con la aceptación de la sociedad. Muchos vivimos de esa actividad económica en una ciudad que nos discrimina y que no nos da oportunidades de trabajo. Además, hay gran parte de la ciudadanía que de no existir nuestro gremio andarían a pie como en los tiempos de la esclavitud. Todos están afectados con este decreto ilegítimo.”
Dairo Arévalo apeló en la plenaria a la Constitución Política para indicar que para lograr la integración de la comunidad se necesita un marco democrático y participativo. “Este es un problema constitucional, que se debe tratar de manera constitucional y no legal. Son decisiones que se deben fundamentar en el derecho al trabajo y en la solidaridad de quienes integran a la sociedad. El trabajo es un derecho y una obligación social, no es una opción y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Algo que no vemos en Cartagena”, expuso.
Y agregó: “Nuestras condiciones no son dignas ni justas porque no es fácil montarse en una moto a las doce del mediodía y transportar a familiares y amigos a sus destinos. Pero lo hacemos porque el trabajo es una obligación social. Nuestra actividad está circunscrita dentro del contexto constitucional, y el Estado debe propiciar que tengamos prosperidad económica y ello solo se logra con una actividad digna y justa. Pero tanto la Nación y el Distrito han fallado porque solo han garantizado beneficios de unos cuantos, dueños de las grandes utilidades del transporte público”.
Fuente El Universal