La situación de la educación en los resguardos indígenas del departamento de Risaralda, en el noroccidente de Colombia, es crítica y ha llevado a las comunidades a entrar en huelga. Las condiciones de las escuelas son precarias y peligrosas para los estudiantes, con infraestructuras construidas hace décadas sin ningún tipo de mantenimiento o adecuación. Además, los profesores indígenas reclaman el reconocimiento de sus derechos laborales y la inclusión de programas educativos que promuevan la diversidad lingüística y cultural.
En la Institución Educativa Purenbará, la escuela más cercana a los resguardos Emberá Chamí de la zona de Mistrató, los niños y adolescentes tardan entre cuatro y cinco horas en llegar debido a los obstáculos en el camino, como puentes rotos, inundaciones y grupos armados. Los estudiantes tienen que viajar cada semana para pasar la semana en la escuela y volver a sus comunidades los viernes. En la escuela, algunos toman las lecciones diarias en el suelo o en pupitres en mal estado y no cuentan con baterías sanitarias adecuadas, por lo que han tenido que improvisar letrinas al aire libre.
La situación se repite en las otras 32 escuelas etnoeducativas del departamento de Risaralda, que están en emergencia. El CVII Congreso del Consejo de Autoridades Tradicionales Indígenas de Risaralda (CRIR), que agrupa a 11 autoridades tradicionales y tiene presencia en nueve municipios del departamento, ha diagnosticado la crisis y ha instado al Gobierno a tomar medidas urgentes.
El paro indígena ha dejado a más de 5.000 jóvenes sin clases. Los líderes indígenas reclaman que se garantice el acceso a servicios públicos básicos como conectividad a internet y acceso a agua potable, y que se implementen programas educativos que reconozcan su cultura y ancestralidad y promuevan la diversidad lingüística. Además, exigen que se reconozcan los derechos laborales de los profesores indígenas, muchos de los cuales tienen que vivir en condiciones precarias en las residencias escolares.
La Procuraduría General de la Nación ya había advertido en febrero de 2022 las graves condiciones de la infraestructura escolar en las instituciones oficiales de todo el país, evidenciando que el 82,2% de las sedes encuestadas no cumplen con acceso a servicios públicos básicos. El Gobierno ha sido criticado por los resultados mínimos en el mejoramiento y ampliación de infraestructura educativa a través del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE), conforme a lo que se proyectó en el Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE).