El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la suspensión de la tregua con el grupo de disidentes de las FARC conocido como Estado Mayor Central (EMC). Esta decisión se produce como respuesta al asesinato de cuatro menores indígenas que habían huido del reclutamiento forzado por parte de los rebeldes.
La tregua bilateral que existía entre el gobierno colombiano y el grupo armado en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, cuatro regiones conflictivas del país, ha sido suspendida. Petro comunicó esta medida a través de su cuenta de Twitter, donde también expresó su repudio hacia el asesinato de los menores indígenas.
Estas regiones son consideradas bastiones de los guerrilleros en el sur de Colombia. Los menores pertenecían a la comunidad murui y habían sido reclutados a la fuerza por los disidentes que no se adhirieron al acuerdo de paz de 2016, el cual desarmó a las FARC, la antigua guerrilla más poderosa de América.
El grupo disidente responsable del asesinato de los menores es el frente Carolina Ramírez, liderado por Iván Mordisco, y es considerado uno de los más poderosos. A pesar de este incidente, Petro ha manifestado su interés en negociar y desarmar a los grupos armados ilegales, incluyendo esta facción disidente, como parte de su política de «Paz Total».
No obstante, esta suspensión de tregua marca la tercera vez que Petro se ve obligado a cancelar un acuerdo de cese al fuego. Anteriormente, la guerrilla del ELN se negó a cesar las hostilidades a pesar de las conversaciones de paz en curso, y el cártel del Clan del Golfo atacó a las fuerzas de seguridad y a la población civil.
Petro ha dejado claro que si el cese al fuego no puede garantizar la protección de la vida y la integridad de la población en determinadas áreas, no tiene sentido mantenerlo. La suspensión de la tregua con las disidencias de las FARC pone de manifiesto los desafíos que enfrenta el gobierno colombiano en su búsqueda de la paz y la estabilidad en el país.
