Luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, formulara pliego de cargos contra distribuidores de combustible por la presunta coordinación y ejecución de una estrategia anticompetitiva, el Consejo de Estado revocó “la sentencia de 11 de junio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que declaró la amenaza de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, libre competencia económica y a los derechos de los consumidores y usuarios.
En ese sentido, denegó la acción popular instaurada por el señor Carlos Efraín Santa Cruz Moreno, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”.
“Exhortar a la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de que, en el marco de sus competencias, adelante los controles necesarios para que el consumidor final del combustible no se vea afectado por el esquema previsto en la Resolución núm. 311031 de 2017 y demás actos que la desarrollan”, ordenó el Consejo de Estado.
La investigación
La investigación contra la Organización Terpel S. A., Chevron Petroleum Company, Biomax Combustibles S. A., Primax Colombia S. A., la Asociación de Distribuidores Minoristas de Combustible y Derivados del Petróleo de Nariño (Adiconar) y 46 distribuidores minoristas de combustible líquido por parte de la SIC, se da por la presunta coordinación y ejecución de una estrategia destinada a dificultar el ingreso de nuevos agentes mayoristas al mercado de distribución en Nariño.
De acuerdo con la SIC, Se llevaron a cabo acciones que obstaculizaban la entrada de nuevos agentes mayoristas al mercado de distribución de combustibles en el departamento, las cuales incluían la presentación de recursos ante el Ministerio de Minas y Energía, acciones de tutela, acciones populares y demandas ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.
Según el ente regulador, la estrategia fue coordinada en reuniones llevadas a cabo por Adiconar, con la presunta participación de distribuidores mayoristas y minoristas actualmente bajo investigación.
Por lo tanto, la estrategia anticompetitiva que está siendo investigada, habría tenido éxito en suspender el esquema de abastecimiento definido por la regulación, cuyo propósito era incentivar la construcción de plantas de abastecimiento en Nariño.
Las consecuencias
Este hecho, trajo consecuencias negativas para los consumidores en el departamento, ya que no experimentaron los beneficios esperados, como una reducción del riesgo de desabastecimiento de combustibles líquidos y una eventual disminución de los precios de los combustibles.
