La SAE, de la mano de su vicepresidente jurídico, Sebastián Caballero, y su gerente, Juan Felipe García, desalojará a la Sociedad Portuaria Transmarsyp, que maneja cerca del 80% del tránsito de mercancías que llegan a la Isla. Si eso llega a suceder, el Archipiélago podría enfrentar un desabastecimiento preocupante.
Todo se remonta a la investigación penal que la Sociedad de Activos Especiales, SAE, adelanta desde el 2011 contra Howard y CIA S EN C.S, empresa que tiene un contrato de arrendamiento con la Sociedad Portuaria Transmarsyp.
A raíz de esto, la SAE de manera arbitraria e ilegal, quiere desalojar a Transmarsyp, que es justamente la empresa que transporta desde Cartagena hasta San Andrés, los víveres que hoy consumen los sanandresanos, siendo este el 80% de la mercancía que entra a la isla, confirmado así por la Cámara de Comercio.
La SAE el pasado 22 de febrero de este año. envío una notificación de desalojo, pese a que Transmarsyp mantiene un contrato al día y presenta pruebas de la solvencia en el pago del canon de arrendamiento.
Es importante resaltar que el contrato de arrendamiento entre ambas partes comprende desde el mes de octubre de 2004 hasta el 30 de septiembre de 2034, es decir, un término de 30 años. Sin embargo, la SAE violando los numerales 1 y 2 del artículo 518 del Código de Comercio, este jueves 29 de febrero inició el desalojo de la empresa Transmarsyp.
En el caso de los arrendamientos comerciales, la Ley colombiana estipula que un contrato se puede dar por finalizado si el arrendatario no cumple con las obligaciones establecidas, lo cual no es el caso de Transmarsyp, ya que viene pagando de manera puntal la cantidad de 24 millones 964 mil 111 pesos mensuales al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena desde mayo de 2023, fecha en la que el canon de arrendamiento fue embargado por la situación penal del arrendador.
Lo importante acá es constatar que la SAE debe respetar el contrato de ambas partes: Howard y CIA S EN C.S y la la Sociedad Portuaria Transmarsyp, ya que la empresa transportadora de víveres a San Andrés y que hoy se encuentra amenazada por un alarmante desabastecimiento en la isla, no tiene relación con la investigación que se adelanta contra el arrendador.