La acción judicial aplica para 58 inmuebles.
Ante la creciente preocupación por el deterioro de las edificaciones en el Centro Histórico de Cartagena, el alcalde Dumek Turbay presentó una demanda ante el Juzgado 13 Administrativo, solicitando medidas urgentes para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
La demanda, presentada ante la preocupante situación de las edificaciones que representaban un peligro inminente para la comunidad, fue admitida y la jueza Giovanna Bonilla Mitrotti otorgó una medida cautelar que permitirá al Distrito intervenir los inmuebles clasificados como «en grave riesgo».
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“Ante las exigencias de las voces vivas de la ciudad, que nos piden desde el inicio de mandato que intervengamos este gran peligro para la integridad física de los cartageneros y afecta al turismo, queremos poner en cintura a dueños de casas coloniales en avanzado estado de deterioro, más allá de inspecciones, sanciones o reparaciones preventivas”, expuso Turbay Paz.
La jueza, al analizar las pruebas presentadas por la Alcaldía, encontró que existía un peligro inminente para la vida y la integridad física de las personas debido al estado de deterioro de los inmuebles. Además, reconoció que las gestiones realizadas por la administración distrital para que los propietarios realizaran las reparaciones correspondientes no habían tenido éxito.
“Se ha demostrado el perjuicio que han causado los desprendimientos o colapsos parciales de las fachadas y balcones de los inmuebles que acusan ruina o se encuentran en estado de abandono por parte de sus propietarios y/o poseedores. Adicionalmente, se acredita la realización de gestiones efectuadas por parte de la administración en procura de garantizar la seguridad de residentes y transeúntes, sin que los propietarios y/o poseedores de los bienes inmuebles efectúen las reparaciones correspondientes”, reseñó la jueza para darle luz verde al alcalde Dumek para que intervenga las casas de inmediato.
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Con esta decisión, el Distrito podrá realizar obras de «primeros auxilios» en las fachadas y elementos estructurales de los inmuebles que representen un riesgo inmediato. Estas intervenciones serán ejecutadas a costa de los propietarios, quienes deberán asumir los gastos generados por las reparaciones. En caso de incumplimiento, la Alcaldía podrá ejecutar las obras y cobrar posteriormente a los propietarios.
La Alcaldía de Cartagena, a través de la Dirección de Control Urbano y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), indicó que continuará trabajando de manera coordinada para garantizar el cumplimiento de esta decisión judicial. Asimismo, se intensificarán las inspecciones y controles para identificar nuevos casos de deterioro y prevenir futuros colapsos.