La justicia encontró un cúmulo de omisiones por parte de esa iglesia y de las autoridades locales que derivaron en el terrible suceso.
Tras una espera de diez años, el Consejo de Estado ha sentenciado a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, al municipio de Fundación y al Instituto de Tránsito y Transporte de esa localidad a pagar una suma de $18 mil millones a favor de las víctimas del incendio de la buseta que transportaba niños que habían asistido a una congregación.
El alto tribunal halló a estas entidades como responsables civiles, administrativos y patrimoniales de la tragedia que enlutó al país el 18 de mayo de 2014.
Aquella fecha, una buseta en deplorables condiciones mecánicas, utilizada para transportar a más de 60 niños tras una actividad religiosa, se incendió, dejando 33 menores y un adulto fallecidos.
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La investigación de las autoridades reveló un preocupante «cúmulo de omisiones»:
El vehículo, con más de 20 años de servicio, operaba ilegalmente, sin licencia activa, revisión técnico-mecánica ni seguro obligatorio.
El conductor, quien no estaba habilitado para operar el transporte público, manejaba un vehículo cuyo tanque de combustible había sido modificado para utilizar gasolina en lugar de ACPM, lo que aumentó la inflamabilidad.
Las autoridades locales permitieron la operación irregular del vehículo, sin ejercer controles necesarios.
De acuerdo con las consideraciones del Consejo de Estado “el vehículo dejó de funcionar y el conductor manipuló gasolina dentro del mismo, sin la precaución de ordenar el descenso de sus ocupantes. Pasados unos minutos, se produjo un incendio en la parte delantera de la buseta, lo que provocó que los niños se aglomeraran en la parte posterior, pero las llamas les impidieron salir, quedando 33 niños y 1 adulto muertos y los demás lesionados”, se consigna en el fallo.
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Estas razones llevaron al Consejo de Estado a imponer una condena económica significativa a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia que asumirá el 80% de la indemnización, equivalente a más de 14.000 salarios mínimos.
Al municipio de Fundación se le ordena indemnizar con el 10% de la condena, al igual que el Instituto de Tránsito y Transporte de Fundación.
La tragedia de Fundación evidencia la profunda negligencia en el cumplimiento de las normas de tránsito y la falta de previsión por parte de las instituciones involucradas. A una década del horror, las víctimas y sus familias aún claman justicia y reformas que prevengan futuras desgracias.
Este fallo, aunque tardío, es ser un recordatorio contundente de la importancia de la responsabilidad compartida entre instituciones religiosas, públicas y gubernamentales en la protección de la vida humana.
